La disyuntiva

27 10 2007

Por: Jaime Ruiz

En una ocasión en que comentaba las elecciones chilenas en que salió elegida la señora Bachelet, Mario Vargas Llosa se sorprendía de la tranquilidad que se respiraba en el país, nadie temía que nada fuera a cambiar fatalmente fuera cual fuera el resultado de los comicios. La sorpresa del novelista venía de que cada elección en la mayoría de nuestros países es una apuesta casi de vida o muerte y no es imposible que se desate una catástrofe sangrienta como resultado del forcejeo de las facciones.

Las elecciones que se celebran este domingo en Colombia de nuevo ponen a la gente a escoger el camino de la catástrofe o el de la recuperación, y es muy probable que escoja el de la catástrofe, no tanto por perversidad o estupidez, sino por la indolencia de permitir que las minorías organizadas decidan por la mayoría.

Mientras que en numerosas regiones varias decenas de candidatos han sido asesinados o forzados a renunciar a su candidatura para favorecer a los candidatos del Polo Democrático o de algún sector del Partido Liberal que es útil a las FARC, en Bogotá (donde esas presiones son minoritarias y los cilindrazos tienden a ser más bien de varios millones de pesos dirigidos a los controladores de redes de “maquinaria”) aparece mejor situado en las encuestas un candidato apoyado por esos mismos beneficiados de la “lucha por la justicia social”.

Es decir, en Bogotá tiene grandes posibilidades de ocurrir que la gente premie con su voto a los que no piden a las FARC su desmovilización y ni siquiera les reprochan esos asesinatos recientes. Pero no importan los que votan por ese candidato, que en ningún caso llegarán a ser una cuarta parte de los que pueden votar, sino los abstencionistas y los que votan por candidatos sin esperanza, como si el resultado de su elección correspondiera a una transacción con su conciencia y los destinos de la ciudad importaran menos que el bienestar derivado de votar por idealismo.

La situación prueba algo que para muchos colombianos es difícil de digerir: que los problemas del país no tienen otro origen que los valores dominantes y que fenómenos como la guerrilla y el narcotráfico son verdaderamente representativos de la sociedad, en absoluto el fruto de circunstancias particulares en algunas regiones o de la oportunidad que genera la prohibición de las drogas. Puesta a escoger entre la estabilidad democrática y el ciclo caos-dictadura, la población colombiana, como la del resto de Sudamérica, más bien escogerá la segunda opción.

No está de más detenerse un poco a analizar al personaje que aspira a la alcaldía por esa facción. A diferencia de los demás líderes, descendientes de las familias bogotanas que se repartían los cargos de alto nivel ya en el siglo XIX, Samuel Moreno tiene algo de advenedizo, pues su pertenencia a la oligarquía le viene del golpe de Estado que dio su abuelo en 1953. Es claramente lo contrario de esos intelectuales que encandilan a la masa de lambones que conforman las clases altas capitalinas explotando el manual de retórica, es un individuo de rendimiento discreto que en cambio brilla por el evidente disfrute de los lujos que aspiran los demás a tener.

Característico de esa clase de magnates que heredan una serie de relaciones y la lealtad de algunas gentes que tuvieron acceso al poder o soñaron con tenerlo en otras épocas es su disponibilidad ideológica: es la clase de personas que conformaban el congreso que absolvió a Samper y que aun se destacaron defendiendo al cuestionado presidente financiado por el Cartel de Cali. En ese papel, Moreno encontraba amigos y apoyos para cimentar su carrera y asegurarse la copiosa renta que la sociedad colombiana asigna a los congresistas que conservan el puesto.

Es importante hacer hincapié en esas características porque la guerra sucia de los medios contra el personaje lleva a engaño a muchos. Él no es un activista revolucionario que crea en la necesidad de destruir el Estado de los opresores reaccionarios sino más bien un miembro de una familia de esa clase de opresores. Cuando hace unas declaraciones de legitimación de la guerrilla, aun de la que tomó la bandera del supuesto triunfo electoral de su abuelo en 1970, no manifiesta su punto de vista ideológico sino que recita la retórica que conviene a su carrera política en el denostado Congreso colombiano.

Se preguntaba sor Juana Inés de la Cruz en unos versos famosos “¿Y quién es más de culpar / aunque cualquiera mal haga, / la que peca por la paga / o el que paga por pecar?”. El señorito Moreno Rojas se muestra en esa entrevista legitimador de la lucha armada y aun de las dictaduras, pero ¡él peca por la excelente paga que tienen los congresistas en Colombia, amén de la infinidad de negocios a que tienen acceso! El problema es esa sociedad que tolera esas declaraciones, esos cientos de miles de bogotanos acomodados que efectivamente están siempre del lado de los dictadores como Fidel Castro (que era a quien aludía Samuel Moreno al hablar de dictadores).

Uno de los pretextos de la retórica comunista en Colombia es la rebelión contra la corrupción de las clases oligárquica. Este candidato consigue ser una síntesis de la mentira de esa retórica: es la corrupción de las clases oligárquicas la que produce esos sueños de despojo y atropello que se cristalizan en el proyecto comunista. La asociación de Samper con el Cartel de Cali no es menos grave que el apoyo que buscó en los comunistas y en los otros grupos de ex guerrilleros que ejercían en el Congreso de lobbistas de Santodomingo. Algún día se sabrá cuánto influyó todo eso en el ascenso de las FARC en esos años. Lo que significó para los colombianos humildes el despilfarro espantoso que significó mantener viajando a todos esos intelectuales por medio mundo ya se conoció en la miseria de los años de cambio de siglo.

Como si este revolucionario no tuviera suficiente con encarnar aquello que sus socios políticos dicen combatir, se da la circunstancia de que el movimiento que acaudilló su abuelo estaba formado en buena medida por ex militares y ex policías: ahora el nieto es candidato del partido que con el pretexto del DIH legitima tranquilamente que se asesine a militares y a policías. Y en aras de ocupar esos puestos formidables en que se hacen los grandes negocios, como los que según muchos bumangueses caracterizaron la gestión de su hermano en esa ciudad, ¡hasta viene a decir que el M-19 era parte de la Anapo! Pero se trataba de grupos de estudiantes comunistas de las universidades de elite que buscaban ser la vanguardia de un movimiento popular al que darían contenido con su programa guevarista.

La victoria de ese caballero se entenderá en el Secretariado de las FARC como una muestra de respaldo a su lucha, pues se trata del partido que exige la negociación de las leyes con la banda asesina con la complicidad tácita de TODOS los formadores de opinión de los grandes medios. Esa presión por la negociación, por el intercambio humanitario (en campañas por ese noble fin la administración Garzón se gastó cientos de millones), por el DIH y muchas otras nobles metas es la principal arma de guerra de las FARC, por eso el apoyo al PDA en su página web y en las regiones a través de la lucha armada (que es como se llama en la jerga de esas gentes a los asesinatos).

Ojalá que a los asesinados y secuestrados de los próximos años nadie les llegue a reprochar el haber permitido que la banda se recuperara y la guerra civil se reavivara. Pero también se podría pensar lo mismo de las víctimas adultas y educadas de varias décadas: su martirio tenía algo de vicio, muy pocos de ellos habían hecho algo para impedir que reinaran los carteles criminales, puede que ni siquiera un voto con sentido cívico.


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28 10 2007
Anónimo

COLUMNA DE ERNESTO YAMHURE EN EL ESPECTADOR

Hasta cuándo los colombianos tendremos que seguir siendo gobernados por personas con un oscuro pasado y con tenebrosas amistades? Llegó a mis manos un libro intitulado Herencia maldita —Grijalbo, 2007—, del periodista mejicano Ricardo Ravelo. Es una cruda radiografía del fenómeno del narcotráfico que en la página 113 cita un informe de la Dijín que se refiere a Carlos Alejandro Zambrano Stacey, quien “es narcotraficante de la Costa Atlántica, dedicado al lavado de activos en la ciudad de Barranquilla… Entre las relaciones políticas más importantes de Carlos Alejandro Zambrano destacan las que mantiene con el senador Samuel Moreno Rojas, quien al parecer tiene vínculos con el narcotráfico”. Más adelante, se incluye una lista de personas que hacen parte de la organización del citado mafioso, donde se encuentra Moreno.

Investigué un poco más y hallé un artículo publicado en El Espectador el 28 de enero de 1996 bajo el título “La Corte escruta al Congreso”. Allí, se menciona una indagatoria rendida por el contador del cartel de Cali, Guillermo Pallomari, el 13 de noviembre de 1995, y en la que señaló a un grupo de congresistas que habían votado proyectos de ley favorables a los narcotraficantes. En la lista se encuentran los nombres de algunos de los condenados en el proceso 8.000 como Carlos Abadía, David Turbay, Manuel Francisco Becerra, Orlando Vásquez Velásquez, Alberto Santofimio y Rodrigo Garavito, entre otros. Allí también aparece Samuel Moreno Rojas.

Con ese antecedente quise saber cuál era la posición de Samuel frente a la extradición y me di a la tarea de revisar uno de los episodios más dolorosos de la historia legislativa colombiana. Me refiero a la sesión del Senado de la República de la noche del 19 de septiembre de 1997, cuando se aprobó el mico presentado por Salomón Náder que textualmente decía: “No procederá la extradición cuando se trata de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”. En otras palabras, se incorporaba la extradición, pero sin retroactividad, con lo que se les salvaba el pellejo a muchos mafiosos de Cali. 52 senadores votaron el mico. Entre ellos figuran Vicente Blel, Jaime Dussán, Juan José García Romero, Samuel Santander Lópesierra —extraditado—, Juan Manuel López Cabrales —preso por la parapolítica— y Humberto Pava Camelo —vinculado al proceso 8.000—. Vuelve y juega, Samuel Moreno está entre ellos.

Son demasiadas coincidencias que hacen pensar que Moreno no es un político ni diáfano ni sincero. Él está en la obligación de decirle al país con toda claridad si es cierta su amistad con Zambrano Stacey, por qué fue imputado por Guillermo Pallomari, cuya veracidad en sus testimonios le sirvió para convertirse en un testigo estrella en los Estados Unidos y, finalmente, explicar qué lo motivó a votar a favor de la extradición sin retroactividad. Todo esto, conectado con su respuesta favorable respecto de la compra de votos, hace que se enciendan todas las alarmas.

El líder debe hacer uso del poder para educar, para sembrar la semilla de los valores y para darles ejemplo de límpido proceder a sus gobernados. Hay que servirle a la política y no servirse de ella. Por eso me embarga un inmenso dolor cuando veo que los destinos de Bogotá posiblemente quedarían en las manos de alguien cuyo turbio pasado hasta ahora empezamos a conocer. Afortunadamente, los bogotanos tenemos tiempo hasta el último segundo para decidir qué es lo que realmente nos conviene.

~~~

El Concejo de Bogotá debe estar integrado por individuos trabajadores y comprometidos. Hay candidatos de primerísima calidad: en la lista conservadora están Omar Mejía Báez, el que frenó la actualización catastral, y Aníbal Fernández de Soto, joven y bien preparado. Lariza Pizano, la mujer del año, y Gilma Jiménez, la de los “muros de la infamia” por el Partido Liberal. Finalmente Carlos Fernando Galán en Cambio Radical y Martha Ordóñez de la U.

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